El país que arde por las llamas y la negligencia

Escribo esto con el país todavía humeante, y con una rabia que ya no me molesto en disimular. A fecha de hoy, el balance provisional del Ministerio para la Transición Ecológica sitúa en más de 140.000 las hectáreas quemadas en lo que va de 2026, con más de 30 grandes incendios forestales frente a los siete del mismo periodo de 2025, más de 140.000 personas evacuadas o confinadas y al menos una docena de fallecidos. El 24 de julio, el Gobierno declaró la emergencia de interés nacional en Madrid y Ávila; era la primera vez que este mecanismo se activaba por un incendio forestal. Nueve días antes, en Los Gallardos (Almería), el fuego se había cobrado trece vidas.

No es un episodio aislado. Es la continuación de un patrón que llevo observando, con una inquietud cada vez menos contenida, desde hace años.

2022 fue el año en que aprendimos a temer la sierra de la Culebra: dos incendios en Zamora arrasaron cerca de 30.000 y casi 36.000 hectáreas respectivamente, en un paraje que alberga diez manadas de lobo ibérico y que el fuego alcanzó en plena temporada de cría. 2024 fue, en comparación, un año más contenido, con entre 70.000 y 75.000 hectáreas quemadas. Y entonces llegó 2025, que batió todos los registros: 355.000 hectáreas arrasadas, 63 grandes incendios, ocho fallecidos, 79 heridos y 42.000 evacuados, con el 90 % de la superficie anual quemada en solo dos semanas de agosto.

2026, con el verano mediado, ya compite con esa cifra. La estadística no es un detalle contable: es la prueba de que no estamos ante una mala racha meteorológica, sino ante un cambio de régimen. El investigador del Centro de Investigación sobre Desertificación de Valencia Juli G. Pausas lo resumía hace unos días con una frase que merece quedarse: durante décadas se advirtió que el aumento de las temperaturas traería consigo incendios más frecuentes, más grandes y más intensos, y eso es exactamente lo que estamos viendo.

Quién los provoca

Conviene separar dos preguntas que el debate público mezcla constantemente: quién enciende la chispa y qué convierte esa chispa en catástrofe.

Sobre lo primero, los datos son consistentes en el tiempo: entre el 95% y el 96% de los incendios en España tienen origen humano, y el rayo —la única causa estrictamente natural— explica apenas el resto. Dentro de ese origen humano, el Seprona distingue entre negligencias y accidentes —quema de rastrojos, maquinaria agrícola, tendidos eléctricos, colillas— que suponen alrededor de un 55% del total, y los incendios intencionados, en torno a un 25%. Cuando el fuego se enciende deliberadamente, la motivación más habitual no es la piromanía que alimenta el imaginario colectivo, sino la quema agrícola y la regeneración de pastos.

Aquí me detengo, porque la honestidad exige matizar: la Fiscalía General del Estado, al revisar los incendios que terminaron en detención o investigación entre 2019 y 2023, encontró que solo el 24 % correspondía a fuegos realmente intencionados, una cifra sensiblemente inferior a la que arrojan las estadísticas históricas del Ministerio. La discrepancia importa: simplifica menos abonar el relato del pirómano que exigir cuentas sobre la gestión del territorio.

Y aquí llega la segunda pregunta, la que de verdad decide si un fuego se apaga en una hectárea o devora treinta mil. El abandono rural, la desaparición de la ganadería extensiva y la acumulación de vegetación seca han transformado el paisaje en un material altamente inflamable donde una chispa mínima puede desencadenar un incendio extremo. El cambio climático, en resumen, no enciende la cerilla. Pero decide si esa cerilla se apaga sola o se traga una comarca.

Lo que el fuego se lleva

Cuando el incendio avanza, la fauna silvestre no tiene comité de crisis ni protocolo de evacuación. Las crías y las especies de menor tamaño son las más vulnerables porque carecen de capacidad para abandonar a tiempo la zona de riesgo; el humo mata tanto como las llamas, y los animales que logran huir quedan desplazados hacia terrenos vecinos que actúan como refugio temporal, sin ninguna protección legal específica una vez apagado el fuego. Los centros de recuperación de fauna de varias comunidades autónomas llevan semanas desbordados atendiendo rapaces, mamíferos, reptiles y pequeños vertebrados con quemaduras, deshidratación o problemas respiratorios por el humo, y los técnicos advierten de que hará falta años para medir el verdadero impacto sobre especies protegidas y poblaciones reproductoras.

Esta idea —que el daño no termina cuando se extingue el incendio— es precisamente lo que ha llevado a registrar ante la Xunta de Galicia una propuesta de reforma normativa. Su argumento es sencillo y, para mí, irrefutable: mientras miles de animales mueren durante el incendio, otros sobreviven refugiándose en zonas próximas que hoy carecen de blindaje jurídico, lo que permite que allí continúe practicándose la caza. Es decir: sobrevivir al fuego no garantiza sobrevivir a la temporada de caza que sigue al fuego.

Los recuentos de este verano, aun siendo incompletos, hablan de cientos de animales calcinados o asfixiados en Ourense, León, Zamora y Extremadura, de nidos de rapaces amenazadas perdidos y de miles de colmenas reducidas a ceniza. En Madrid, el fuego llegó a quinientos metros de un parque con tres mil animales en semilibertad —rinocerontes, elefantes, leones, bisontes— que pasaron la noche confinados mientras el frente avanzaba. Un gato superviviente del incendio de Los Gallardos se convirtió, sin buscarlo, en el símbolo de todos los que no salieron en ninguna foto: los anfibios que pierden sus charcas, los micromamíferos y reptiles que no soportan el calor del suelo, los polinizadores que pierden su hábitat de forma abrupta e irreversible.

La negligencia institucional, con nombres y cifras

Y por si hiciera falta una prueba más de hasta qué punto la vida animal pesa poco en la balanza, aquí está la última: la Junta de Castilla y León ha aprobado una medida que podría permitir reanudar la caza en zonas recién arrasadas por el fuego en cuanto reverdezca el pasto. Que vuelva a crecer la hierba no significa que el monte haya recuperado su equilibrio: los refugios siguen destruidos, muchas poblaciones de fauna no se han recuperado y las consecuencias de un incendio pueden prolongarse durante años. La propia Ley de Montes de la región lo reconoce en su artículo 92, que obliga a mantener la caza suspendida durante cinco años tras un incendio, salvo resolución motivada y con informes técnicos que acrediten que no hay perjuicio para el monte ni la fauna. La regeneración del pasto, por sí sola, no cumple ese requisito. Lo dice su propia ley, y aun así se busca el atajo.

Desde AnimaNaturalis hemos pedido a la Junta que respete esa protección y no convierta una vía excepcional en un trámite automático. Vamos a vigilar cada resolución que se adopte, y si se autoriza la caza sin cumplir la ley, ejerceremos todas las acciones legales a nuestro alcance para defender a la fauna superviviente.

Aquí es donde mi serenidad se tensa más, porque los datos no dejan demasiado margen a la duda. En Madrid, la huelga indefinida de los bomberos forestales de Tragsa —iniciada en julio de 2025 y sostenida por denuncias de precariedad salarial, temporalidad y falta de medios— coincidió con un recorte del 50% en los trabajos preventivos durante el invierno previo. El dispositivo de 2026 redujo las dotaciones de siete a cinco integrantes por brigada, un cambio que sobre el papel parece menor y que en una ladera llena de humo modifica la seguridad con la que puede operar un equipo. Uno de esos bomberos, Óscar de Castro, lo resumió con una lucidez que no necesita adornos: el coste de apagar un incendio y sus consecuencias posteriores es muchísimo más alto que el de una buena prevención.

A escala nacional, Podemos ha denunciado que Castilla y León recortó un 90% en trece años su presupuesto autonómico para prevención. Y en pleno operativo de extinción de 2026, los quince aviones A400M anunciados por el Gobierno como el mayor despliegue de la historia seguían sin estar operativos, dos meses después de la campaña de presentación, por no tener instalado aún el sistema antiincendios.

Sólo hay dinero para matar animales

Y aquí está el contraste que ya no puedo exponer con calma. Mientras se recortan brigadas y se retrasa la entrada en servicio de los medios aéreos, las mismas administraciones que dicen no tener recursos han incrementado su gasto en tauromaquia. La Comunidad de Madrid aprobó para 2026 un presupuesto de 7,2 millones de euros para Asuntos Taurinos, un 59,7% más que en 2025; de esa partida, 3,7 millones se destinan solo a la rehabilitación de la plaza de Las Ventas, y las subvenciones a entidades protaurinas como la Fundación Toro de Lidia han pasado de 905.000 a 2,4 millones de euros en un año. Telemadrid presupuestó 3,1 millones de euros para retransmisiones taurinas en 2025, un 113% más que en 2024. Castilla y León —la misma comunidad que recortó un 90% su presupuesto de prevención— destinó 1,4 millones de euros a subvenciones taurinas entre 2021 y 2025. Y Andalucía ha modificado su normativa para elevar del 50% al 80% la aportación autonómica a los municipios que fomentan la tauromaquia.

No hace falta ser muy sofisticado para ver la contradicción: para blindar refugios de fauna, formar brigadas o reforzar bomberos, nunca hay presupuesto suficiente. Para sostener una fiesta que consiste en torturar y matar animales frente a un público, siempre lo hay. No cito estos datos para repartir culpas partidistas —el patrón se repite con gobiernos de distinto signo, aunque es la derecha quien más sistemáticamente ha incrementado el gasto taurino mientras recorta prevención— sino para señalar algo que ya no puedo seguir tratando con la distancia del analista: hay una jerarquía de valores detrás de cada partida presupuestaria, y en esa jerarquía, la vida animal —silvestre, de granja, o la que se retuerce en una plaza— sigue perdiendo.

A la espera de un protocolo de acción

El Ministerio de Derechos Sociales incluyó el rescate de animales en el plan estatal de lucha contra incendios en 2021, pero admite que no es un plan operativo real: la respuesta depende de cada comunidad autónoma, con criterios completamente dispares. Llevamos, por tanto, cinco años sabiendo qué falta y sin corregirlo. ¿Qué estamos esperando? Llevamos años teniendo ese protocolo escrito, disperso entre manifiestos, informes técnicos y la experiencia de quienes ya han vivido catástrofes similares en otros países. Aquí hay algunas ideas que llevan tiempo repitiéndose para cualquier protocolo serio de emergencia:

• Procedimientos claros de rescate y evacuación para animales de compañía, para los que viven en granjas, santuarios, refugios y centros de protección —hoy dependen de la improvisación de voluntarios, no de un plan.
• Formación específica para los servicios de emergencia en manejo, transporte y primeros auxilios de animales, con veterinarios integrados en los equipos de rescate desde el minuto uno.
• Equipos especializados de respuesta para fauna silvestre, siguiendo el modelo australiano de "wildlife emergency response teams", con capacidad de triaje en el propio terreno y coordinación directa con centros de recuperación.
• Puntos de alimentación y agua en zonas quemadas para los animales que logran sobrevivir pero pierden toda fuente de sustento, evitando además episodios como los denunciados en algunas regiones, donde se llegó a retirar comida y agua destinada a supervivientes.
• Coordinación real entre Protección Civil, administraciones y entidades de protección animal, con un mando claro y no la maraña de criterios autonómicos dispares que existe hoy.
• Planes de evacuación específicos para explotaciones ganaderas, zoológicos y núcleos con animales en semilibertad, no solo para viviendas.
• Protección legal automática y efectiva de las zonas de refugio tras el fuego, incluida la suspensión real y verificable de la caza —no una excepción que se convierte en norma como se trata de establecer en muchas regiones afectadas.
• Directrices homogéneas en todo el territorio, con un protocolo unificado y vinculante, no una recomendación que cada comunidad autónoma interpreta como quiere.
• Seguimiento independiente y a largo plazo de las poblaciones afectadas, con datos públicos, al margen del calendario político de cada legislatura.

Ninguno de estos puntos es una ocurrencia. Son lecciones ya pagadas por otros, en sangre y en cenizas. Lo único que falta es la voluntad política de aplicarlas, la misma que sí aparece, año tras año, cuando toca financiar una plaza de toros.

Qué hacer ahora mismo

Para quien vive en zona de riesgo con animales, la recomendación de los servicios de emergencia es clara: si encuentra fauna silvestre herida, no debe cogerla ni llevársela a casa; lo correcto es mantener la distancia, avisar a los servicios de emergencia o al centro de recuperación de fauna más cercano y dejar que actúen los equipos especializados. Para quienes tienen ganado o animales de compañía en zona evacuable, tener preparados desde ahora la documentación sanitaria, el transporte y una reserva de agua y alimento marca la diferencia entre una evacuación ordenada y una tragedia añadida.

Llevo veinticinco años observando cómo España discute los incendios en presente de indicativo, como si cada verano fuera una sorpresa. No lo es. Me gusta caminar por la naturaleza, y a menudo me encuentro por sierras que ya han ardido. Lo que uno aprende allí, con el tiempo, no es urgencia sino paciencia: un bosque tarda décadas en rehacer lo que el fuego deshace en horas. Pero hay algo que ya no estoy dispuesto a tratar con paciencia, y es la hipocresía de quienes no encuentran dinero para proteger la vida que arde, y sí lo encuentran, cada año, para financiar la que se hace arder por diversión. Eso no es una prioridad presupuestaria mal calculada. Es una elección moral, tomada una y otra vez, con nuestro dinero.